El día de ayer el Pleno del Senado de la República con 88 votos a favor y 7 en contra, aprobó la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión o restricción de garantías con la que se faculta a las autoridades a iniciar procedimiento para restringir o suspender ciertos derechos y garantías por causas que representen una amenaza excepcional a la paz pública, situaciones de violencia, que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la seguridad de la población o parte de ella..

El proyecto de dictamen enviado por el titular del Ejecutivo y analizado por el Senado de la República, indica que podría haber suspensión o restricción de garantías a quien perturbe gravemente la paz pública y se considere un grave peligro a la sociedad.

La senadora priísta Cristina Díaz, quien presentó el proyecto de dictamen, ley para restringir garantías, detalló que se establecen nuevas definiciones, es decir, que la perturbación grave de la paz pública significa situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o, libertad de la población o a una parte de ella y que represente una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones.

Mientras que se considera como un grave peligro o conflicto a las circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que se los expongan a las emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

Las leyes secundarias, según acordaron las comisiones unidas del Senado de la República, indican que se clasificará como urgente y prioritaria la resolución de la suspensión o restricción de garantías, por lo tanto el Congreso de la Unión –previa petición del titular del Ejecutivo- tendrá un máximo de 48 horas para resolver si le restringe o suspende los derechos a una persona. Después de eso, el Ejecutivo federal lo publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como medios de comunicación impresos y electrónicos.

“El dictamen retoma la iniciativa presentada el 11 de agosto de 2013 por diversas senadores y senadores, y el del 22 de octubre por el titular del Ejecutivo Federal”, resaltó la senadora Angélica de la Peña (PRD).

El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis, resolvieron los senadores en sesión ordinaria.