El gobierno de Michoacán impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo de militarización de la seguridad pública del país.

Mediante una controversia constitucional, el Poder Ejecutivo de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, impugnó el acuerdo publicado en mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que facultó a las Fuerzas Armadas a apoyar las tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional por un período de cinco años.

El gobierno de Michoacán afirmó que el acuerdo invade sus facultades como entidad al permitir el despliegue de tropas en su territorio y afirmó que es inconstitucional.

El asunto fue enviado a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien también tiene a su cargo la controversia constitucional tramitada por el municipio de Colima, Colima contra el mismo acuerdo.

La ministra no ha emitido aún ninguna resolución sobre la admisión o desechamiento de las controversias.